Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a un plenario federal de delegados para el próximo martes para definir un nuevo paro nacional ante la “urgente reapertura de las paritarias, en rechazo a los despidos y contra el plan de cierre de organismos nacionales”.
“Necesitamos presionar para que se reabran las paritarias y se inicie un proceso de recuperación de todos los ingresos en el sector público”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, con respecto al plan de lucha del gremio de los trabajadores estatales.
Es que, para el secretario general “se impone la necesidad de una medida de fuerza que tenga alcance nacional para abrir también las negociaciones en las provincias y en todos los municipios”.
“La estafa presidencial golpea al Gobierno”, agregó el dirigente gremial, señalando que el escándalo cripto abrió una oportunidad de negociación para los estatales producto de la debilidad del gobierno.
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Los estatales nucleados en ATE convocaron a un plenario federal para definir un nuevo paro nacional.
En ese marco, el plenario para definir si habrá o no un nuevo paro nacional se realizará el próximo martes 25 de febrero, a las 14:00 horas, en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, en Avenida Belgrano 2527.
“El Gobierno planifica el cierre y la fusión de organismos y si eso sucede tendrá un impacto social altamente negativo, por estas horas, la autoridad presidencial está por el piso y no podemos permitir que se recupere. Es momento de avanzar”, concluyó lapidario Aguiar.
Vale recordar que, los trabajadores estatales son uno de los blancos predilectos de la motosierra de Javier Milei, ya que desde que comenzó la administración mileísta el Ejecutivo eliminó cerca de 40.000 empleados de la administración pública.
En efecto, bajo la premisa del plan motosierra, desde que asumió la administración de Javier Milei no renovó 7.000 contratos de trabajadores estatales en diciembre, mientras que otros 15.000 fueron eliminados en marzo de 2024. Posteriormente, el Ejecutivo fusionó organismos y realizó exámenes de idoneidad lo que proliferó los despidos en la planta estatal.
Es preciso señalar que, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Además, a través del decreto 77/2023, Milei estableció restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.
Estatales definen nuevas medidas de fuerza y se oponen a los 1.400 despidos en Salud
Luego de que el Gobierno nacional de Javier Milei anunciara a través de sus redes sociales que “no renovará” los contratos de 1.400 estatales del área de salud, los empleados agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, anunciaron que se encuentran en la definición de nuevas medidas de fuerza para hacerle frente a los despidos.
“El Gobierno nacional profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta medida es de extrema gravedad, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”, señaló Aguiar en sus redes sociales, al tiempo que advirtió que si los despidos se concretan podrían desatarse“perjuicios que serán irreparables” en los próximos años.
En ese sentido, el líder de los estatales nacionales enfatizó que la decisión del Ministerio de Salud es de “extrema gravedad”, ya que el Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. “Esta medida, que produce 1.400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios sanitarios”, agregó el dirigente.
En tanto, el sindicato de trabajadores estatales resaltó el peligro de cierre que conllevan los despidos que llevará adelante el Gobierno nacional, como ocurre en el Hospital Bonaparte, donde la gestión de Mario Lugones cesanteó a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos.
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El comunicado completo del Ministerio de Salud.
“Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación y el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529”, señalaron desde ATE.
En esa línea, Aguiar advirtió que el Gobierno busca “arrasar con los derechos fundamentales garantizados, sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad, atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida, pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio”.
Para los estatales, la “clara intención de vaciamiento y desguace” de los hospitales por parte de las autoridades nacionales es preocupante. “No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria”, indicó Aguiar.
Por eso, desde ATE anunciaron que van a iniciar nuevas protestas, ocupaciones y paros sectoriales, y que no descartan que en las próximas horas se estructure una medida de fuerza que les permita unificar los reclamos de todos los hospitales que están en riesgo por las “decisiones irresponsables” del Gobierno nacional.
“Estos despidos vienen acompañados del cierre y desmantelamiento de políticas públicas: eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida, y se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes”, recordaron desde ATE.
Es preciso mencionar que, entre las dependencias en riesgo por los 1.400 contratos que no se renovarán en febrero, se encuentran los hospitales Posadas, Bonaparte, René Favaloro y Sommer, el PAMI, el Instituto Nacional del Cáncer y la Superintendencia de Servicios de Salud.
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