Este incremento es considerado insuficiente frente al contexto inflacionario y el costo de vida que enfrentan los trabajadores. Para muchos empleados municipales, el aumento es prácticamente irrelevante, y la bonificación de $70,000, claramente es insignificante, no aborda las necesidades estructurales de la situación laboral. La percepción de que el salario de los funcionarios es desproporcionadamente alto en comparación con el de los empleados refuerza la idea de desigualdad en el tratamiento salarial.
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La reacción de los gremios ATE, SOYEM y ASEM, que han rechazado la propuesta, refleja una desconexión entre la administración municipal y las demandas de los trabajadores. Esta negativa es una indicación de que los representantes de los empleados están dispuestos a luchar por mejores condiciones laborales, en contraste con la actitud unilateral del intendente.
En conclusión, la decisión de Marino de decretar un aumento salarial sin un verdadero diálogo con los gremios podría gestar un clima de desconfianza y descontento, deteriorando las relaciones laborales y complicando su gestión.
La política debe enfocarse en servir a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables, en este caso a los trabajadores y no al propio intendente y sus funcionarios.
