Independientemente de cómo resulte, lo que ocurrirá hoy en la Cámara de Diputados de la Nación tendrá, por varios motivos, carácter de histórico. Primero, porque después de treinta años, desde el 23 de agosto de 1995, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue interpelado por la privatización del Correo Argentino, funcionarios del Gobierno deberán exponer ante los legisladores sobre la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, que el presidente, Javier Milei, promocionó el pasado 14 de febrero con un mensaje en la red social X y que es investigada por la Justicia de Argentina, Estados Unidos y España.
Dos meses y medio después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, acudirán al Congreso para responder sobre uno de los escándalos más sensibles de la administración Milei que, por primera vez desde su asunción, se verá obligado a dar explicaciones sobre un episodio que salpica a la cúpula libertaria, empezando por el propio Presidente y su hermana.
Además de Francos y Cúneo Libarona, está citados al Parlamento Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien no se presentaría bajo el argumento de que la Constitución solo obliga a los ministros a concurrir.
El pedido de interpelación también fue extendido al ministro de Economía, Luis Caputo, quien podría faltar sin dar mayores explicaciones. En caso de que ese faltazo finalmente se concrete, la oposición explora alternativas que van desde impulsar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta avanzar con el juicio político.
La sesión de interpelación pautada para las 14 de hoy puede representar para la oposición una oportunidad de poner contra las cuerdas al Presidente, a la par que funcionará como una prueba interna para los bloques que buscan sacarle el mayor rédito político a una jornada que, anticipan, podría extenderse por más de diez horas.
La sesión especial es impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda bajo un esquema que buscará priorizar, precisamente, a los bloques que motorizan la interpelación.
La propuesta fue trabajada el fin de semana por referentes de esos espacios opositores: Oscar Agost Carreño (EF), Paula Penacca (UP), Carla Carrizo (Democracia) y Maximiliano Ferraro (CC).
El reglamento prevé que el funcionario o los funcionarios expongan 60 minutos, que se pueden extender por media hora más, con lo cual durante esos 90 minutos deberán exponer Francos y Cúneo Libarona.
A continuación, los legisladores contarán con un tiempo equivalente para realizar sus preguntas a los funcionarios.
Luego se abrirá el juego para que intervengan todas las bancadas, incluidas aquellas que no impulsaron la interpelación. En este caso, el tiempo que les corresponda será de acuerdo a la cantidad de diputados: se prevé, por ejemplo, que Unión por la Patria, como primera minoría, disponga de un tope de alrededor de 40 minutos, mientras que los monobloques contarán con una base de cinco minutos.
LA ESTRATEGIA OFICIAL
En la previa, el ministro Francos dejó trascender en una entrevista radial que no “es poco” lo que él puede aportar sobre el caso $Libra, y acusó a la oposición de utilizar el escenario de la interpelación como instrumento de posicionamiento electoral en el marco del inicio de la campaña.
El jefe de Gabinete no está personalmente implicado en la trama que investiga delitos como tráfico de influencias, cohecho, estafa y violación a la ley de Ética Pública. No obstante, las balas le pican cerca por ser el principal ministro político del Gobierno y en ese sentido prepara la defensa del Presidente y de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
En este sentido, el plan de Francos consistirá en hacer una breve introducción para exponer la posición oficial del Poder Ejecutivo sobre el tema y luego quedar a disposición de los legisladores para las consultas que empezarán a lloverle.
La polémica alrededor de $Libra continuará mañana, cuando se constituya la comisión investigadora de 28 integrantes y mientras todavía está en una disputa la presidencia de ese cuerpo.
