Según la Oficina de Presupuesto del Congreso y la consultora Invecq, las 3 leyes tendrían un costo fiscal anualizado de hasta el 1,7% del PBI, superior a la meta del 1,6% de superávit fiscal acordada con el FMI.
Los ingresos que el Estado deja de percibir por tratamientos preferenciales son el 3,54% del PBI, el más alto desde 2002. En este grupo están las exenciones por Ganancias, a los jueces y al Régimen de Tierra del Fuego, entre otros. Además, el Gobierno destina fondos a la SIDE y a las jubilaciones de privilegio.
La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley un aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
Tras la sesión, el presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), anticipó que vetará las iniciativas y señaló que si el Congreso insiste con los proyectos podría judicializar la sesión. El mandatario aseguró que tomará esa medida porque las leyes aprobadas “atentan contra el equilibrio fiscal”.
Legisladores de la oposición, por su parte, señalaron que los fondos necesarios para afrontar los gastos que generan las nuevas leyes podrían salir de otros rubros.
La videpresidenta de la Nación, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) señaló en su cuenta de Instagram con respecto a la decisión del gobierno nacional de vetarlas: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”.
El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) señaló en una entrevista con Infobae: “Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos y para eliminar impuestos a los bienes suntuarios y autos de lujo”. Y se preguntó: “¿Por qué no se aplicaron los mismos principios de financiamiento para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?”.
Cuál es el costo fiscal de los proyectos aprobados en el Congreso
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la consultora económica Invecq, que dirige Esteban Domecq, las 3 leyes aprobadas ayer por el Senado tendrían un costo fiscal anualizado de hasta el 1,7% del PBI, superior a la meta del 1,6% de superávit fiscal acordada entre el Gobierno y el FMI. No obstante, en 2025 el impacto sería inferior dado que se aplicaría en los últimos meses del año.
La OPC estimó que el impacto fiscal de una nueva moratoria previsional equivaldría al 0,8% del PBI en el primer año, mientras que el aumento del bono previsional tendría un costo extra de entre el 0,14 y el 0,17% del PBI.
Por su parte, Invecq señaló que el aumento del 7,2% en los haberes representaría un 1% del PBI.
En tanto, la OPC estimó para la ley de emergencia en discapacidad un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Los exenciones impositivas representan el 3,54% del PBI
Las exenciones impositivas (o “gastos tributarios”, como se los consigna en las cuentas públicas) son el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial, con el objetivo de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
Es decir, no se trata de un gasto directo sino de una transferencia de recursos públicos vía reducción o exención de impuestos a ciertos sectores.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, en 2025 los gastos tributarios representan el 3,54% del PBI, esto es $ 27 billones. Ese porcentaje es el segundo más alto en los últimos 23 años, sólo superado en 2023 (último año de la gestión de Alberto Fernández, cuando representó el 4% del PBI).
De acuerdo con datos oficiales, la mayor porción de los gastos tributarios proviene de exenciones y reducción de alícuotas del IVA (equivalentes al 1,2% del PBI). Casi la mitad de esos fondos se explican por la reducción del impuesto para carnes, frutas y verduras, y la exención del pago del impuesto en prestaciones médicas realizadas con obras sociales.
En segundo lugar, aparecen los beneficios impositivos del impuesto a las Ganancias con el 0,52% del PBI, equivalentes a casi $ 4 billones, lo que alcanzaría para cubrir la extensión de la moratoria, el aumento del bono extraordinario para jubilados y parte de la emergencia en discapacidad.
En tanto, los regímenes de promoción económica (entre los que predomina el de Tierra del Fuego) representan un gasto tributario del 0,43%, casi la mitad del costo total de aumentar las jubilaciones un 7,2%.
Jueces que no pagan impuesto a las ganancias
En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso sancionó una nueva norma que estableció que están alcanzados por el impuesto todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1 de enero de 2017.
Según datos del Consejo de la Magistratura de 2022 (última información disponible), en la jurisdicción nacional y federal hay 752 jueces y pagan Ganancias un 26% de ese total, es decir, poco menos de 200 jueces.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2025, la exención al pago del impuesto a las Ganancias de los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales es de $ 766 mil millones, lo que representa un 0,10% del Producto Bruto Interno (PBI).
Esta cifra representa la mitad de lo que costaría subir el bono de la jubilación mínima de $ 70 mil a $ 115 mil para lo que resta del año ($ 1,5 billones, según la OPC).
Según un informe de ACIJ, “las pérdidas fiscales por la exención del impuesto a las Ganancias para los ingresos de jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial serán, conforme estimaciones del presupuesto 2025, un 146% más altas que los fondos destinados al Poder Legislativo”.
SIDE: aumento en los gastos en Inteligencia
De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, los gastos reservados son fondos asignados a los organismos de inteligencia cuyo uso y destino no se hacen públicos por razones de seguridad nacional. El control de estos gastos está a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Como se explicó en esta nota, en julio de 2024 el Presidente Javier Milei, mediante el DNU 656/2024, asignó $ 100 mil millones extra a la SIDE, destinados íntegramente a gastos reservados. Sin embargo, el Congreso de la Nación rechazó el DNU.
Como ocurrió el año pasado, en 2025 el Congreso no aprobó el presupuesto nacional, por lo que el Gobierno prorrogó el de 2024. En el caso de la SIDE, los recursos asignados eran de $ 48 mil millones, pero el Ejecutivo lo incrementó en 2 ocasiones (en marzo y mayo de este año), llevándolo a casi $ 80 mil millones.
Jubilaciones de privilegio
Rafael Rofman, especialista en temas previsionales, señaló a Chequeado en esta nota que “la expresión ‘jubilación de privilegio’ no existe legalmente, es una forma de referirse genéricamente al conjunto de regímenes que existen por fuera del régimen general. Esto incluye esquemas diferenciales, especiales, retiros, provinciales, cajas profesionales, entre otros”.
En Argentina, a marzo de 2025, había 306.141 personas que cobran jubilaciones en el marco de alguno de los 7 principales regímenes especiales, según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social. De ese total, 7.872 pertenecen al Poder Judicial, y cobran en promedio $ 5.663.069.
Además, 11 ex presidentes y vicepresidentes continuaban cobrando una jubilación de privilegio, de acuerdo con un pedido de acceso a la información pública realizado por el Centro de Datos de Chequeado. En total, le demandan al Estado $ 134,5 millones mensuales.
Las pensiones de leyes especiales comprenden pensiones otorgadas a Presidentes y Vicepresidentes de la Nación Argentina; Jueces de la Corte Suprema de Justicia; Premios Nobel y Olímpicos; primeros premios nacionales a las ciencias, letras, y artes plásticas; precursores de la aeronáutica; pioneros de la Antártida; sacerdotes, ex obispos y arzobispos; familiares de desaparecidos; ex presos políticos y personas trasplantadas.
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