Con su voto afirmativo al Capítulo II —y en particular al infame artículo 30— los senadores Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi y Silvana Schneider consintieron la eliminación de los pisos legales de financiamiento para la educación pública, la universidad, la ciencia y la tecnología, desarmando por la vía presupuestaria un entramado normativo que expresa décadas de lucha social, política y cultural.
No se trata de una discusión técnica.
No se trata de una “restricción fiscal”.
No se trata de una diferencia de enfoque económico.
Se trata de borrar de un plumazo compromisos que el Estado argentino asumió como política de largo plazo, y que el radicalismo defendió, impulsó y convirtió en ley a lo largo de su historia.
Este partido jamás administró el ajuste, ni justificó retrocesos en nombre de la “responsabilidad”. Nació para ensanchar derechos, para democratizar el conocimiento, para convertir la educación en herramienta de igualdad y para romper los privilegios de las minorías que siempre quisieron un país para pocos.
Desde Yrigoyen, que entendió a la educación como columna vertebral de la ciudadanía política, hasta la Reforma Universitaria de 1918, encabezada por Deodoro Roca, que proclamó que “los dolores que quedan son las libertades que faltan”, el radicalismo asumió una definición clara: sin universidad pública, sin ciencia nacional y sin pensamiento crítico no hay República posible.
Ese mismo hilo histórico atraviesa al gobierno de Arturo Illia, que destinó el 23 % del presupuesto a educación, fortaleció el CONICET y entendió que el desarrollo no se decreta: se construye con conocimiento.
Y atraviesa también a Raúl Alfonsín que, tras la noche más oscura que haya vivido este país, reinstaló la autonomía universitaria, defendió el sistema científico y confió en la educación como base moral de la naciente democracia.
Nada de esto es decorativo.
Nada de esto es retórico.
Todo esto es doctrina radical.
Por eso, votar un presupuesto que elimina las obligaciones legales de inversión en educación y ciencia no es un error circunstancial: es una negación explícita de la historia del partido. Es colocarse fuera del radicalismo, aunque se conserve una banca, un cargo o una firma.
Lo ocurrido no admite eufemismos. Estos senadores traicionaron la educación pública, traicionaron a la ciencia, traicionaron el desarrollo nacional y traicionaron a la lucha reformista que dio identidad a generaciones enteras de militantes radicales y de la Franja Morada.
No son mayoría.
No representan al radicalismo profundo.
Son minorías absurdas, insignificantes, que pretenden hacer alquimia política usando la palabra “Radical” como si fuera una etiqueta vacía, intercambiable según convenga.
Pero el radicalismo no es una franquicia.
No es una cáscara.
No es un sello para alquilar.
Y ser conducción no es administrar silencios, ni mirar para otro lado, ni esconder la cabeza cuando se cruzan líneas históricas. Ser conducción también es imponer orden, marcar límites y defender la identidad colectiva del partido frente al oportunismo y la degradación. No es el momento para tibiezas.
Por todo ello, solicito a la Mesa Directiva del Comité Nacional, y más concretamente a su presidente Leonel Chiarella, a los miembros del Tribunal de Ética y a todos los órganos competentes de la Unión Cívica Radical la apertura inmediata de actuaciones disciplinarias y la expulsión formal de estos tarambanas que dicen representarnos, pero que lejos de eso fueron cómplices de un atropello incompatible con la Profesión de Fe Doctrinaria, las Bases de Acción Política y la historia misma de este partido.
El radicalismo tiene más de 130 años de servicio al país. Esa historia no puede ser tirada como moneda de cambio para congraciarse con proyectos que desprecian el conocimiento, el pensamiento crítico y la justicia social.
El que quiera tranzar, que transe.
El que quiera votar contra la educación pública, que lo haga.
Pero fuera del radicalismo.
Por respeto a Hipólito Yrigoyen, a Deodoro Roca, a Arturo Illia, al “Ruso” Karakachoff, a Raúl Alfonsín, y a cada militante anónimo que creyó —y cree— que la educación, la ciencia y la universidad pública no se negocian, espero que las autoridades de este partido no miren para otro lado y hagan no lo que se quiere, sino lo que se debe.
La historia no absuelve a los que traicionan. Y el radicalismo, si es que aspira a seguir llamandose Radical, tampoco debería hacerlo.
Crédito_Historia UCR
