El juez federal Adrián González Charvay le ordenó al Gobierno de Javier Milei que implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero.
A partir de un proceso colectivo que comenzaron dos padres para que se aplique la normativa sancionada por el Congreso nacional, el magistrado resolvió darle dos semanas al Ejecutivo para que cumpla con la normativa y cinco días al Ministerio de Salud para que presente información sobre avances concretos en los trámites necesarios para ello.
La Ley de Emergencia en Discapacidad se aprobó en el Congreso en julio de 2025, pero semanas después el presidente Javier Milei vetó la norma bajo su argumento preferido de “no hay plata”.
Sin embargo, el veto fue rechazado por el Poder Legislativo y el Ejecutivo se vio obligado a promulgar la normativa. No obstante, en ese mismo momento la administración libertaria suspendió la aplicación de la ley.
Desde Casa Rosada sostuvieron que el Congreso no había detallado de dónde saldría el dinero para garantizar la aplicación de la normativa y paralizó su implementación.
Frente a este contexto, el juez González Charvay consideró que el accionar del Gobierno fue una invasión a las facultades del Congreso. Para el magistrado, el Ejecutivo violó el principio de supremacía constitucional.
Además, consideró que el argumento de evitar un presunto déficit fiscal es falso, ya que la Ley de Emergencia en Discapacidad le otorga al jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.
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