El fiscal federal, Gerardo Pollicita, imputó en las últimas horas por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, a fin de investigar la evolución patrimonial del funcionario libertario y la consistencia de sus declaraciones juradas.
En su presentación, el fiscal solicitó impulsar la acción penal al considerar que existen elementos que ameritan profundizar la pesquisa en base a una denuncia penal de la diputad Marcela Pagano, en donde acusa a Adorni por fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Es detalle, la periodista presentó una denuncia penal contra el vocero presidencial por irregularidades en las contrataciones públicas, así como en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026, lo que derivó en un incremento patrimonial inconsistente.
Según advierte Pagano, en el texto, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS. Empresa que tendría vínculos societarios entre Adorni y las firmas participantes, lo que podría afectar los principios de transparencia en la contratación pública.
Además, la denuncia también alerta por un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. Hubo una relación comercial entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y las empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión.
“Estas conexiones comerciales entre la mujer del ex vocero presidencial con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, amplió Pagano.
En ese marco, el fiscal buscará comprobar o desandar el “desproporcional incremento patrimonial” de Adorni, con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, además de la posible “omisión de activos financieros y depósitos en el exterior”. Otro de los puntos bajo análisis es la presunta existencia de un inmueble no declarado en un country de Exaltación de la Cruz.
En ese sentido, el fiscal advirtió una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario libertario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento.
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La casa ubicada en un country en Exaltación de la Cruz que se la vincula a Manuel Adorni y no se encuentra en su declaración jurada.
Imputan por enriquecimiento ilícito a Adorni: el fiscal ordena una docena de medidas de prueba
En este escenario, para avanzar en la investigación, el fiscal Pollicita pidió una batería de medidas de prueba. Doce en total, entre ellas, solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos, así como posibles participaciones societarias.
Por caso, Pollicita pidió que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires “a fin de que informe la titularidad de dominio, antecedentes registrales, gravámenes, restricciones, medidas cautelares, nomenclatura catastral y partida correspondiente al lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado dentro de dicho emprendimiento que registre a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.
También, el fiscal pretende conocer quién paga las expensas de esa casa, por lo que consideró que debe librarse un oficio a la administración del country, al mismo tiempo que solicitó a la municipalidad de Exaltación de la Cruz, comandado por el peronista, Diego Nanni, que informe si se tramitó permiso de construcción.
También, el fiscal estimó que debe solicitarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “que informe la totalidad de los bienes inmuebles registrados a nombre de Manuel ADORNI y/o Bettina Julieta Angeletti, con detalle de su titularidad, porcentajes, fecha de adquisición, gravámenes, inhibiciones y demás constancias de dominio que se relacionen con los nombrados”
Además, el magistrado requirió datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras, así como información sobre los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Otra de las medidas sugeridas es pedir a la Oficina Anticorrupción “que remita copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, si existiere esta última; e informe, además, si el nombrado presentó la declaración jurada correspondiente al último ejercicio exigible. Asimismo, deberá acompañar la declaración jurada patrimonial integral de alta del nombrado”.
“El objetivo es reunir elementos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si, por el contrario, se registran inconsistencias que justifiquen el avance de la causa”, alegaron desde la Justicia, tras informar que la investigación quedó a consideración del juzgado federal, a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
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