Esta semana, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto con el objetivo de erradicar el nepotismo en los tres poderes del Estado de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca establecer un esquema normativo que prohíba la designación de familiares en cargos públicos con restricciones precisas y sanciones en caso de incumplimiento.
En primera instancia, el texto define como eje central la prohibición de nombrar familiares de funcionarios dentro de un amplio rango de parentesco, que incluye cónyuge, conviviente y parientes en línea recta, colateral o por afinidad hasta el tercer grado inclusive. El proyecto también alcanza a funcionarios con jerarquías similares o superiores a director, jefe o asesor, lo que amplía el alcance de la norma dentro de la estructura estatal.
La propuesta incorpora además una restricción específica sobre las designaciones recíprocas entre reparticiones estatales, un mecanismo que suele utilizarse para eludir controles formales. De esta manera, la presentación de Lissalde apunta a cerrar posibles circuitos de intercambio de cargos entre dependencias públicas que impliquen vínculos familiares indirectos.
Bajo esa premisa, el articulado contempla excepciones acotadas, ya que excluye de la prohibición a los cargos políticos y a las contrataciones transitorias. Sin embargo, en estos casos establece que las designaciones deberán finalizar junto con el mandato del funcionario que las dispuso, lo que introduce un límite temporal para evitar la permanencia de esos vínculos dentro del Estado.
En paralelo, el proyecto fija criterios para determinar cuándo no se configura “nepotismo”, al considerar situaciones previas o procesos de selección que garantizan transparencia. En ese sentido, la iniciativa exceptúa a quienes ya se desempeñaban en la función pública antes de la asunción del funcionario, a quienes accedieron por concurso público de oposición y antecedentes, o a quienes llegaron a sus cargos a través de elecciones.
El documento también incorpora una regulación sobre relaciones jerárquicas dentro del Estado, al impedir que un funcionario supervise de manera directa a una persona con la que mantenga un vínculo familiar cercano. Frente a esa situación, la autoridad competente deberá disponer los traslados necesarios, sin afectar la categoría del agente involucrado.
En tanto, Lissalde propuso un régimen de sanciones para aquellos funcionarios que incumplan la norma, quienes podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales según corresponda. Para estos casos, el Ejecutivo provincial contará con facultades para impulsar sumarios o realizar denuncias cuando detecte infracciones.
A través de los fundamentos, el diputado oficialista retomó la definición de nepotismo, al que concibe como una “forma de abuso de poder” que afecta la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. El legislador de la Séptima sección sostuvo que esta lógica, no solo desplaza criterios de mérito e idoneidad, sino que también impacta en el funcionamiento de la administración pública.
El debate sobre el nepotismo vuelve a la agenda legislativa con antecedentes en otras provincias que apuntan a reforzar los controles sobre la designación de familiares en la administración pública.
“Esta clase de práctica denota sin dudas un conflicto de intereses entre el ámbito personal y el interés colectivo, a la vez que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública, contradiciendo el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional”, reclamó Lissalde.
Para reforzar su planteo, el dirigente oficialista incorporó una serie de antecedentes normativos en otras provincias argentinas, como Río Negro, Jujuy y Mendoza, que ya establecen limitaciones al acceso de familiares a cargos públicos. Estas experiencias, según el legislador, refuerzan la necesidad de avanzar con una regulación específica en la provincia de Buenos Aires.
Por último, el proyecto recurre a legislación comparada de países como Paraguay, Bolivia, Panamá, Colombia, Puerto Rico y Perú, donde se restringe el ingreso de familiares al sector público. En ese marco, el texto destaca que estas normas priorizan concursos públicos, evaluación por mérito y transparencia en los procesos de selección.
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