En medio del litigio judicial por le incumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso, el Gobierno nacional de Javier Milei envió este lunes una nueva Ley de discapacidad que impone requisitos adicionales, elimina el nomenclador, desregula la negociación por sistema de salud y suprime la actualización automática por inflación de los prestadores de salud.
Según detallaron desde Casa Rosada, la normativa pretende derogar los artículos 5,6,9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (27.793), a fin de establecer nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.
Por caso, la nueva Ley de discapacidad exige un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, acreditando nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales, a pesar de que, al comienzo de la gestión, el Ministerio de Capital Humano ya había solicitado la re inscripción.
“Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”, advirtieron desde Casa Rosada, tras señalar que la normativa buscará establecer un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión más exhausto, que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
Con respecto a las incompatibilidades o inconsistencias de los beneficiarios, el Ejecutivo tendrá la potesta de suspender la pensión de manera “preventiva”. Además, el texto, fijará el monto en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando la posibilidad de otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
La normativa también establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.
Sin embargo, el texto de La Libertad Avanza (LLA) va más allá y pasa la motosierra también sobre los programas inclusivos, al eliminar aquellos beneficios impositivos que se les otorgaba a las organizaciones y empresas a la hora de contratar personas con discapacidad.
Por último, la nueva Ley de discapacidad retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. Es que, el texto contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.
En este escenario, fuentes parlamentarias anticipan un debate por demás caliente en el Congreso, donde incluso bloques socios del oficialismo podrían plantear objeciones de la nueva ley de discapacidad con la que pretende avanzar la bancada violeta, en un contexto de creciente tensión política y social en torno al sistema de prestaciones.
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