El sector lácteo argentino suma otra crisis importante. Lácteos Verónica, una de las marcas históricas del rubro en Santa Fe, lleva cinco meses con sus plantas paralizadas en Lehmann, Suardi y Clason, adeuda más de tres meses completos de salarios a sus 700 empleados y acumula 3.886 cheques emitidos sin fondos en el Banco Central, con una deuda en ese ítem cercana a los 14.000 millones de pesos. En ese contexto, la posibilidad de una venta parcial o total de la empresa quedó formalmente sobre la mesa.
La apertura al diálogo llegó tras una reunión entre los ministros santafesinos de Desarrollo Productivo y Trabajo, Gustavo Puccini y Roald Báscolo, junto a legisladores provinciales, y Gonzalo y Alejandro Espiñeira, integrantes de la familia propietaria.
Según trascendió, los dueños de la empresa aseguraron que "se encuentran trabajando en distintas opciones para garantizar la continuidad de la firma", aunque sin ofrecer definiciones concretas. Desde el sector político subrayaron la necesidad de una decisión clara en el corto plazo.
LA DEUDA Y EL CONTEXTO DEL SECTOR
La situación financiera de Lácteos Verónica es crítica en varios frentes. Alrededor de 150 productores lecheros reclaman el pago de mercadería entregada y nunca abonada, y la deuda estimada con ese grupo de tamberos ronda los 60 millones de dólares. A eso se suman obligaciones con entidades crediticias como Catalinas, Credibel y Trend Capital, y deudas con los bancos Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro, entre otros.
Los trabajadores, además, denuncian que la empresa cortó los aportes patronales y jubilatorios, y que ya no cuentan con obra social.
El caso no es aislado. La quiebra de SanCor, el cierre de La Suipachense y las pérdidas de La Serenísima configuran un sector en caída sostenida. Según medios santafesinos, se estima que en la primavera faltarán usinas para recibir la producción lechera provincial, lo que agrava aún más la urgencia de una resolución.
LA DENUNCIA POR PRESUNTO VACIAMIENTO
La crisis también tiene aristas judiciales. La diputada nacional Julia Strada denunció públicamente que la familia Espiñeira habría incurrido en maniobras de presunto vaciamiento: en septiembre de 2024, en plena crisis operativa, habrían constituido tres nuevas sociedades anónimas con el mismo objeto social que Lácteos Verónica.
Además, el tambo familiar Las Becerras S.A., que abastecía de insumos a la empresa, dejó de proveerle y comenzó a venderle leche a terceros. "Cinco meses sin cobrar ya llevan sus trabajadores: pero no los despiden ni la empresa cierra. Quieren hacerlos renunciar y desgastarlos", sentenció la legisladora.
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