El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley para modificar el régimen vigente sobre el uso de las banquinas de rutas provinciales, con el objetivo de que los municipios puedan administrar los permisos y disponer de los fondos recaudados.
En tanto, la iniciativa impulsada por Acerbo apunta a reemplazar la normativa actual para otorgar mayor autonomía a los intendentes en el manejo de esos recursos, bajo el argumento de mejorar la gestión territorial y adaptar el sistema a las necesidades locales.
“El presente proyecto propone la derogación de la Ley 10.342 y su reemplazo por un régimen más adecuado a las actuales exigencias institucionales, ambientales y de gestión territorial”, sostiene Acerbo en los fundamentos del escrito, donde agrega que la norma vigente responde a un “esquema centralizado” que ya no se ajusta a la realidad de las localidades.
Es preciso mencionar que, la ley que actualmente rige en la provincia de Buenos Aires fue sancionada en 1985 y establece que los municipios pueden otorgar permisos de uso de las franjas adyacentes a rutas provinciales, excluyendo las banquinas, para actividades agrícolas, siempre con autorización de la Dirección de Vialidad y bajo condiciones específicas de explotación y conservación del suelo.
En ese sentido, la normativa actual fija un esquema de distribución de los fondos recaudados por esos permisos, que Acerbo quiere reemplazar. Es que, en la actualidad los intendentes que alquilan las banquinas para siembra están obligados a destinar un 60% de los fondos a los Consejos Escolares para infraestructura y funcionamiento, un 20% a asociaciones de bomberos voluntarios o entidades de bien público, y el 20% restante al mantenimiento de la red vial municipal.
Por su parte, Acerbo introduce una modificación central para el alquiler de banquinas de las rutas provinciales, al establecer que los ingresos generados por los permisos que otorgan los intendentes pasarán a una cuenta municipal y podrán ser utilizados según lo determine cada ordenanza local, con la única condición de destinar al menos un tercio de esos recursos al mantenimiento de los caminos o las propias banquinas.
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El ex jefe comunal de Daireaux, Alejandro Acerbo, busca modificar la ley de siembra de banquinas para otorgar mayor poder a los intendentes.
En otro pasaje del articulado que ingresó a la Cámara de Diputados, Acerbo propone extender el plazo de los permisos de uso de las franjas adyacentes a las rutas, que en la normativa vigente es de un año, para llevarlo a un máximo de tres años, con posibilidad de renovación sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas.
En ese marco, el ex intendente de Daireaux aclara que la propuesta que ingresó a la Legislatura bonaerense no implica una cesión total de competencias, sino un modelo de administración coordinada en el que la provincia de Buenos Aires conserva la facultad de convalidar, rechazar o revocar los permisos de alquiler de banquinas cuando existan razones de seguridad vial o interés público.
“Se establecen reglas claras sobre las características de los permisos otorgables y las formas de contratación, al tiempo que se incorpora un mecanismo de plazo cierto para la convalidación provincial, evitando dilaciones que obstaculicen la gestión local y otorgando previsibilidad jurídica a los interesados”, enfatiza Acerbo en el proyecto.
En tanto, el legislador bonaerense de Fuerza Patria remarca que la iniciativa ayudaría a fortalecer la autonomía municipal reconocida por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, sin afectar la titularidad ni las potestades regulatorias provinciales sobre la red vial.
“En definitiva, el proyecto procura compatibilizar la preservación de la seguridad vial, la promoción del productivo racional y ambientalmente responsable de suelos ociosos y la descentralización de la gestión administrativa bajo un esquema de coordinación interjurisdiccional”, concluye Acerbo en los fundamentos.
Un proyecto nacional del PRO también retoma la discusión sobre el uso productivo de las banquinas
En paralelo a la iniciativa presentada por Acerbo en la Legislatura bonaerense, el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, impulsó a comienzos de abril un proyecto de ley con un enfoque similar, ya que también propone habilitar el uso productivo de las franjas adyacentes a las rutas con el objetivo de recuperar tierras ociosas y generar recursos a partir de su explotación.
Es preciso mencionar que, las dos propuestas coinciden en el núcleo conceptual: permitir la utilización agrícola de espacios vinculados a la red vial bajo un esquema de permisos precarios y onerosos, con criterios de control estatal y condiciones técnicas específicas. Además, en los dos casos se prioriza la cercanía territorial como un factor clave para la asignación, lo que se traduce en beneficios para productores linderos y en una lógica de aprovechamiento más eficiente del suelo disponible.
No obstante, existen diferencias relevantes entre los proyectos. Mientras que la iniciativa de Acerbo apunta a descentralizar la gestión en favor de los municipios y otorgarles mayor margen para administrar los fondos recaudados, la propuesta de Sánchez Wrba mantiene la centralidad en el Estado nacional, que sería el encargado de otorgar los permisos y definir su implementación, además de establecer que los recursos obtenidos se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial nacional.
En los fundamentos, el legislador nacional del PRO introduce un componente político al señalar que su propuesta busca revertir una decisión adoptada en 2008, en el marco del conflicto por la Resolución 125, cuando se dejaron sin efecto los convenios que habilitaban este tipo de explotaciones. “Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico”, sostuvo Sánchez Wrba.
En cuanto a su funcionamiento, el régimen planteado por el PRO prevé que el Poder Ejecutivo Nacional otorgue los permisos mediante convocatorias públicas, bajo criterios de transparencia e igualdad de oportunidades, formalizados a través de convenios administrativos individuales. A su vez, establece prioridad para productores frentistas propietarios o arrendatarios de campos linderos, y contempla la compatibilidad con contratos de concesión vigentes en determinados tramos.
En última instancia, la iniciativa del legislador nacional por la provincia de Buenos Aires fija que los fondos recaudados por estos permisos tengan un destino específico vinculado al mantenimiento de la infraestructura vial, con la intención de generar un mecanismo complementario de financiamiento. De este modo, el proyecto no solo busca ampliar la superficie productiva disponible, sino también contribuir al sostenimiento de la red de rutas nacionales.
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