En silencio, casi sin conflictos visibles y bajo el nombre de «retiros voluntarios», el ajuste avanza en fábricas, organismos y empresas de distintos sectores del entramado productivo. Lo que en otro contexto podía aparecer como una opción consensuada, hoy se transformó para miles de trabajadores en una salida desesperada: cobrar una indemnización para cancelar deudas inmediatas, aun sabiendo que después quedarán sin trabajo, sin ingreso fijo mensual y con enormes dificultades para entrar al mercado que los está expulsando.
La escena se repite en distintos puntos del país. Operarios haciendo fila para anotarse en «retiros voluntarios» trabajadores despidiéndose entre lágrimas y empresas ofreciendo pagos «atractivos» para acelerar la reducción de personal. Detrás del fenómeno aparecen la caída del consumo, la apertura de importaciones, la paralización industrial y un deterioro sostenido del poder adquisitivo.
La indemnización como salvavidas momentáneo
Uno de los casos más fuertes se vivió en la planta de Electrolux en Rosario. La empresa abrió un plan de 100 «retiros voluntarios», pero más de 130 trabajadores se anotaron antes del cierre de la convocatoria. La fábrica opera actualmente al 50% de su capacidad y atraviesa una fuerte caída de ventas.
Muchos trabajadores aceptaron irse para cancelar deudas acumuladas en tarjetas de crédito, préstamos y gastos corrientes. La empresa ofreció el 100% de la indemnización bajo el esquema previo a la reforma laboral y sumó salarios extra para incentivar las salidas.
El panorama se replica en otras ramas industriales. En la planta de Dass en Eldorado, Misiones, la empresa abrió un retiro voluntario para 50 trabajadores. Trabajadores aceptando desvincularse porque necesitan el dinero urgente para sobrevivir.
La empresa ya había reducido enormemente su plantel en los últimos años. Entre cierres, despidos y retiros, perdió cerca de mil puestos de trabajo. La caída del consumo y el ingreso de productos importados golpearon de lleno a la producción nacional.
La industria no cae de golpe, pero se vacía
En San Francisco, Córdoba, la autopartista ZF reabrió un Procedimiento Preventivo de Crisis mientras avanza un esquema de «retiros voluntarios» que ya alcanzó a unos 30 trabajadores. La firma había desvinculado previamente a más de 40 contratados.
La misma lógica atraviesa al sector de línea blanca. Whirlpool cerró su planta en Pilar, Mabe redujo personal, Aires del Sur pidió la quiebra y otras firmas entraron en concursos preventivos. El problema ya no aparece como una crisis aislada, sino como un deterioro estructural de la industria orientada al mercado interno.
La libertad de estar sin trabajo, avanza
Los retiros voluntarios no se limitan al sector privado. En el Estado, el Gobierno impulsa planes de achique de personal en organismos estratégicos.
En el INTA ya se anotaron más de 420 trabajadores en el nuevo esquema de retiros promovido por la gestión de Javier Milei, que aspira a alcanzar 1.200 desvinculaciones.
La situación genera enorme preocupación entre trabajadores y especialistas por la posible pérdida de científicos, técnicos e investigadores con años de experiencia acumulada. Mientras tanto, dentro del organismo crece el temor a nuevas etapas de ajuste, venta de tierras y recortes de programas científicos y tecnológicos.
El mismo proceso ya impactó sobre el INTI, el Banco Nación y distintos organismos estatales donde el Gobierno busca «destruir el estado desde adentro»
Empujados por la crisis
El problema central es que la mayoría de los trabajadores no acepta irse porque quiera abandonar su trabajo, sino porque siente que quedarse puede ser todavía peor. En muchos casos, la indemnización aparece como la única posibilidad inmediata para salir del endeudamiento generado por la pérdida del salario, la inflación y la caída de ingresos.
Pero detrás de esa decisión aparece otro problema: una vez terminado el dinero, los trabajadores quedan fuera del mercado de trabajo, sin chances de volver a encontrar trabajo y en un contexto donde la noticia es que cierran y no que abren empresas.
El objetivo de la gestión de Milei: eliminar la base industrial Argentina
Los números reflejan el industricidio. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y fines de 2025 desaparecieron más de 21.900 empresas y se perdieron cerca de 290 mil puestos de trabajo registrados.
La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto al comercio, transporte y servicios profesionales. Todo en el medio auge de las importaciones desde China. Es decir, el Gobierno de Javier Milei reemplaza la Industria Argentina por trabajo enviado desde el Partido Comunista de China.
En ese escenario, los retiros voluntarios se consolidan como la nueva cara del ajuste laboral argentino: menos visible que los despidos masivos, pero igual de profunda en sus consecuencias sociales.
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