El gobierno de Javier Milei envió al Senado nacional un nuevo proyecto de ley para endurecer los controles sobre las apuestas online, reforzar la prevención de la ludopatía juvenil y avanzar contra las plataformas ilegales que operan en el país. La iniciativa, elaborada por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), suma sanciones penales, límites a la publicidad y nuevas obligaciones para bancos, organismos públicos y empresas tecnológicas.
El texto, que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó públicamente en las últimas horas, plantea como objetivo central “erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados” y prohibir el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa apunta a endurecer las penas contra el juego ilegal, ya que el Gobierno propone modificar el Código Penal para fijar condenas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren u organicen sistemas de apuestas sin autorización jurisdiccional. Asimismo, la propuesta también establece penas de dos a cuatro años para quienes brinden servicios financieros, tecnológicos o publicitarios a estas plataformas clandestinas.
En paralelo, el proyecto endurece las exigencias sobre bancos, billeteras virtuales y proveedores de pago. En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá impedir transferencias desde cuentas vinculadas a menores de edad hacia operadores de apuestas, además de exigir sistemas de validación de identidad y control etario para realizar operaciones.
Otro de los ejes del proyecto apunta a la publicidad vinculada al juego online, uno de los aspectos más cuestionados por el crecimiento de la ludopatía juvenil. La iniciativa prohíbe la promoción de plataformas ilegales en televisión, radio, internet, redes sociales y vía pública, además de responsabilizar a influencers, agencias, medios y productores que participen en esas campañas.
El proyecto libertario de ludopatía incorpora sanciones penales, controles bancarios y nuevas facultades para organismos nacionales vinculados al juego online.
Por otra parte, la propuesta oficial incorpora restricciones para las plataformas legales de apuestas online. En ese sentido, las campañas no podrán apuntar a menores de edad ni relacionar el juego con el éxito laboral, económico o social, mientras que el texto también veta mensajes que incentiven el consumo de alcohol y tabaco o presenten las apuestas como una solución financiera.
En tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) quedará habilitado para bloquear dominios denunciados por autoridades regulatorias provinciales. A su vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá la facultad de supervisar y sancionar a proveedores de activos virtuales vinculados a plataformas ilegales.
De esta manera, el oficialismo busca tomar distancia del proyecto aprobado en Diputados durante el 2024, que finalmente perdió estado parlamentario en el Senado tras impulsar restricciones más severas sobre la publicidad y el negocio de las apuestas online.
En paralelo a la Ley de Ludopatía, el Gobierno impulsa un paquete de proyectos previo al Mundial
Mientras el Gobierno avanza con el proyecto sobre ludopatía digital, la Casa Rosada también activó en el Congreso un nuevo paquete legislativo que incluye la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la regulación del lobby y el denominado “Súper RIGI”. Con ese esquema, el oficialismo busca acelerar distintos debates parlamentarios antes del inicio del próximo Mundial de fútbol.
El oficialismo activó en el Congreso un nuevo paquete legislativo que incluye la ley de ludopatía, el Súper RIGI y la derogación del Etiquetado Frontal.
En el caso del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el Ejecutivo busca ampliar los beneficios fiscales para grandes inversiones vinculadas a sectores estratégicos como energía y economía del conocimiento. La propuesta ingresó por Diputados y tendrá como cabecera a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el legislador libertario Bertie Benegas Lynch.
Por otra parte, el proyecto para regular la gestión de intereses, conocido como “Ley de Lobby”, comenzará su tratamiento en un plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Vale precisar que en este caso, La Libertad Avanza controla ambas comisiones, por lo que el oficialismo apuesta a manejar los tiempos parlamentarios de una agenda que considera prioritaria para la segunda mitad del año.
Por último, el Senado también deberá discutir la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, una norma que el Congreso aprobó en 2021 con amplio respaldo político. Sin embargo, distintos sectores opositores ya anticiparon resistencias frente al avance libertario, especialmente en proyectos sensibles como ludopatía y etiquetado, donde la Casa Rosada todavía no tiene garantizados los votos necesarios.
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