"El sistema vigente desde 2003 permitía que ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil pudieran formular observaciones sobre los candidatos propuestos. No reemplazaba las atribuciones del Presidente ni del Senado, sino que aportaba transparencia y fortalecía la legitimidad de las designaciones", sostuvo Matzen. La legisladora radical advirtió que la eliminación de estas instancias representa un retroceso institucional al reducir los mecanismos de control social sobre decisiones de enorme relevancia para el funcionamiento de la República.
"Los jueces de la Corte no son elegidos por el voto popular. Por eso es fundamental que los procedimientos de selección sean públicos, transparentes y abiertos al escrutinio ciudadano", afirmó. "Durante más de veinte años este mecanismo fue sostenido por gobiernos de distinto signo político porque contribuía a mejorar la calidad institucional. La confianza en la Justicia se construye con más transparencia y más participación, no con menos", concluyó.