La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra luego de más de diez horas de debate, en una jornada marcada por fuertes cruces políticos dentro del recinto e incidentes en las inmediaciones del Congreso.
La sesión estuvo atravesada por negociaciones de último momento que permitieron al oficialismo reunir los apoyos necesarios. Antes de la votación, el Gobierno decidió retirar dos de los puntos más cuestionados del proyecto: el capítulo que modificaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y el referido a cambios en la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
El debate comenzó con un intento del bloque del Partido Justicialista de devolver el proyecto a comisión. El senador José Mayans argumentó que el dictamen definitivo había sido distribuido pocas horas antes de la sesión, impidiendo un análisis adecuado. Sin embargo, la moción fue rechazada gracias a la mayoría conseguida por el oficialismo.
Cambios para asegurar la aprobación
Uno de los principales giros de la jornada fue la eliminación de los artículos vinculados a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La decisión fue anunciada por el senador Agustín Coto luego de que distintos bloques opositores manifestaran un rechazo generalizado a ese capítulo.
También había sido descartado previamente el apartado que flexibilizaba las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, otro de los puntos que había generado resistencias tanto en la oposición como en algunos sectores dialoguistas. La supresión de ambos capítulos allanó el camino para que el resto de la iniciativa consiguiera la mayoría necesaria.
Durante el cierre del debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y sostuvo que busca fortalecer el derecho de propiedad. Además, afirmó que la iniciativa brinda mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y cuestionó la política de ocupaciones ilegales durante administraciones anteriores.
Fuertes críticas de la oposición
Desde el bloque justicialista, José Mayans ratificó el rechazo al proyecto y calificó la iniciativa como "un delirio". También sostuvo que el texto es inconstitucional y cuestionó el contexto social en el que se desarrolló el debate, además de repudiar el operativo de seguridad desplegado en los alrededores del Congreso.
Otros legisladores opositores y provinciales también habían expresado reparos sobre las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y celebraron que ese capítulo finalmente fuera retirado del texto antes de la votación definitiva.
Incidentes afuera del Congreso
Mientras el Senado debatía, organizaciones sociales y manifestantes se concentraron frente al Congreso para protestar contra la iniciativa oficialista. El operativo de seguridad derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales y de la Ciudad.
Según la información oficial, al menos 11 personas fueron detenidas y dos efectivos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante los disturbios, que incluyeron piedrazos, contenedores incendiados y daños a patrulleros. Para controlar la situación se desplegó un operativo con más de 800 efectivos.
Tras la aprobación en general, el Senado continuó con el tratamiento en particular del articulado. Si el texto no sufre nuevas modificaciones durante esa instancia, el proyecto quedará en condiciones de ser enviado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Sturzenegger lamentó la caída del capítulo que modificaba la Ley de Tierras
El ministro de Desregulación, impulsor principal del proyecto que discute el Senado, lamentó la eliminación del capítulo que modificaba la norma actual para facilitar la venta de tierras a extranjeros. La comparación con el impacto de la Ley de Glaciares en San Juan.
Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.
Cuestionaron a Benegas Lynch por crear una empresa para vender campos a extranjeros
Juliana Di Tullio, legisladora kirchnerista, planteó una impugnación contra su par antes de que el Gobierno quitara del proyecto el artículo por el que se detectó un presunto conflicto de intereses.
La senadora nacional planteó una impugnación contra su par de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el contenido del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, particularmente respecto del capítulo III, referido a la tenencia de tierras por parte de extranjeros.
El contrapunto comenzó el miércoles con la presentación formal de Di Tullio ante la Presidencia del Senado, continuó con publicaciones cruzadas en la red social X, escaló este jueves al inicio de la sesión con una cuestión de privilegio planteada por Benegas Lynch y tuvo una nueva respuesta de la senadora durante el debate.
Por su parte, Benegas Lynch negó que exista un conflicto de intereses y afirmó: "Todas las leyes que venimos votando afectan positivamente al sector privado", razonó. Dentro de ese ámbito está “el agro”, explicó, y señaló que su empresa pertenece a ese rubro.
“Producimos, administramos y asesoramos dueños de campos y compradores”, agregó.
La oposición pidió que el proyecto vuelva a comisión pero perdió la votación
El senador del PJ José Mayans hizo una moción para que el proyecto regresé a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y tratamiento serio.
La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continúa.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la cámara alta comenzó a ser tratado pasadas las 15 horas. El miembro informante fue el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza.
Ya sin el capítulo que modificaba la ley de tierras, Coto defendió los otros aspectos del proyecto, entre ellos la posibilidad de que los propietarios dispongan de sus tierras después de los incendios, algo que está prohibido actualmente para evitar especulaciones inmobiliarias.
La lista de oradores tiene 38 senadores en espera, incluido Coto, por lo que se espera una larga jornada. El oficialismo buscará conseguir los votos por aprobar la iniciativa.
Bullrich: “Le pedimos a Lula y a Brasil que vuelva su embajador”
Luego de varias cuestiones de privilegio de la oposición en voz de los senadores Martín Soria y José Mayans en donde señalaron la crisis diplomática con Brasil y los insultos del presidente Javier Milei, la respuesta llegó de parte de Patricia Bullrich quien hizo lo propio contra sus colegas del PJ. “No miden con la misma vara lo que hizo Lula”, dijo Bullrich señalando que el presidente de Brasil también tuvo manifestaciones partidarias en procesos electorales argentinos.
“Creo que hoy estamos trabajando fuerte en muchísimos frentes con Brasil y eso va a seguir. Le pido al presidente Lula y a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a Argentina. Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que argentina y Brasil han mantenido siempre”, expresó la senadora oficialista.
“Las Malvinas son Argentinas”: el pin que usó el peronismo en sus bancas
Un pin con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" es exhibido por senadores peronistas en el Congreso durante una sesión legislativa.
El bloque peronista hizo notar un detalle en el inicio de la sesión: los senadores colocaron en sus bancas un pin que recreó la bandera desplegada por los jugadores de la selección argentina luego del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
“Las Malvinas son Argentinas”, dice la inscripción del pequeño objeto que colocó el peronismo en sus bancas, con el mismo fondo y tipografía que se vio en la bandera que mostraron los futbolistas argentinos en el Atlanta Stadium.
Joaquín Benegas Lynch se defendió de la impugnación por conflicto de intereses
El senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, solicitó una cuestión de privilegio para responder a la impugnación impulsada por su del peronismo, Juliana Di Tullio, quien aseguró que se encuentra en un conflicto de intereses para debatir la ley de inviolabilidad de propiedad privada por ser director de una empresa inmobiliaria dedicada a la comercialización de tierras.
Benegas Lynch argumentó que su actividad es de público conocimiento y negó que le impida ser ecuánime durante el debate ni defender los intereses del país.
“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo. La ley exige para excusarse un interés directo y singular, derecho a mi empresa. Nada más alejado de la realidad”, justificó el senador libertario.
“Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar. El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, cerró Benegas Lynch.
Los artículos que causaron una gran polémica
El texto en cuestión mantenía la prohibición para "la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros". Distinto era el tratamiento para "la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta", casos en los que la operación podría concretarse siempre que existiera "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".
El texto aclaraba, además, que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado". El punto central de la controversia radicaba en otro tramo del articulado, donde se establecía que "la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia".
El proyecto sumaba también la obligación de que "toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente", y que, en el caso de empresas con participación estatal extranjera, debía adjuntarse tanto la autorización de la provincia donde se ubicara el inmueble como la del Poder Ejecutivo Nacional.
