La tensión en la Quinta de Olivos sumó este lunes un nuevo elemento con la renuncia de María Belén Agudiez, funcionaria de confianza de Karina Milei que tenía bajo su órbita tareas vinculadas con la organización y el funcionamiento de dependencias presidenciales, entre ellas la residencia presidencial.
El Gobierno aceptó formalmente su dimisión como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La renuncia rige desde el 20 de septiembre y la norma no precisa los motivos de la salida.
La salida se conoció luego de la reorganización de la Quinta de Olivos, mediante la cual el Gobierno resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial y trasladar a la Casa Militar la responsabilidad integral sobre la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.
Quinta de Olivos: Denuncian proceso de militarización en el Gobierno
En ese contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cuestionar las medidas adoptadas por el Gobierno y alertó sobre lo que considera un proceso creciente de militarización de la administración pública.
“Atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia. Todas las vacantes en el Estado comienzan a ser cubiertas por militares”, señaló el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El dirigente sostuvo que los despidos de trabajadores civiles de la Quinta de Olivos y su reemplazo por personal de la Casa Militar, junto con las versiones sobre posibles medidas similares en la Casa Rosada, forman parte de un proceso que, según planteó, excede la situación puntual de la residencia presidencial.
“Estas cesantías ilegales producidas por el Gobierno en la Quinta de Olivos y su reemplazo por militares, sumadas a las amenazas de adoptar medidas similares en Casa Rosada confirman que en este momento atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia”, afirmó Aguiar.
El titular de ATE también cuestionó que las vacantes civiles generadas en las Fuerzas Armadas y sus organismos estén siendo cubiertas por personal militar. “Es preocupante que puestos administrativos en áreas claves del gobierno comiencen a ser ocupados por militares”, sostuvo.
En la misma línea, Aguiar afirmó: “No es una exageración sostener que a pesar de haber votado en las urnas, lo que estamos viviendo tiene cada vez más rasgos dictatoriales. Si a la represión sistemática sumamos ahora la militarización, enfrentamos niveles de autoritarismo que para nada son compatibles con la democracia”.
ATE señaló que durante la gestión de Javier Milei ya fueron cesanteados más de 300 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y sostuvo que esos puestos comenzaron a ser ocupados por militares. Además, afirmó que el Gobierno pretende despedir y reemplazar por personal militar a otros 600 trabajadores civiles.
«Tendencia castrense», advirtió Aguiar de ATE
Según los datos difundidos por el sindicato, actualmente 2.653 trabajadores civiles cumplen funciones en el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
En el caso específico de la Quinta de Olivos, el Gobierno avanzó con el despido de trabajadores civiles que cumplían tareas de jardinería, administración, limpieza, atención y cocina. Fuentes oficiales citadas por Infobae confirmaron 12 desvinculaciones y señalaron que el traspaso de responsabilidades y bienes a la Casa Militar deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
ATE, en cambio, había denunciado inicialmente el despido de 14 trabajadores de la residencia presidencial y cuestionó que se avance sobre empleados con años de antigüedad y experiencia en distintas gestiones.
El Gobierno justificó la reorganización en razones vinculadas con la seguridad presidencial y las filtraciones de información. Sin embargo, desde el sindicato remarcaron que los trabajadores civiles no participan de las reuniones privadas que Milei mantiene en la residencia.
El conflicto también volvió a poner en discusión el alcance de la presencia militar dentro de estructuras que históricamente estuvieron a cargo de personal civil. Para ATE, la situación de Olivos se inscribe en una política más amplia que afecta a trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y otras dependencias estatales.
“Tenemos que ponernos en alerta y defender nuestros derechos más elementales y lograr frenar esta tendencia castrense en el Gobierno antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Aguiar.
En paralelo, ATE reiteró su pedido para que el Gobierno informe si existe un examen, junta médica o certificado que garantice que Milei se encuentra apto para ejercer el cargo de Presidente de la Nación.
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