La figura del desdoblamiento de gastos, mecanismo utilizado para fraccionar contrataciones y eludir los montos que la ley exige para licitaciones públicas o concursos de precios, no es un simple descuido administrativo. Es una práctica contable defectuosa que rompe los principios de transparencia, libre concurrencia de proveedores y austeridad republicana.
Cuando una administración recurre a la fragmentación de compras para agilizar partidas de forma arbitraria, el mensaje hacia los vecinos es alarmante: la norma se amolda a las urgencias de la caja y no a la planificación del Estado.
Deberíamos recordar lo acontecido hace unos días con la documentación en una liga de futbol, ya que el responsable máximo después del intendente, es el secretario de hacienda. ¿Casualidad o reiteración?
Un Municipio a la deriva y sin prioridades
Esta sanción contable es solo el síntoma visible de una deficiencia estructural más profunda que afecta el día a día en Patagones:
1. Incapacidad de planificación y parálisis operativa: Mientras el Tribunal de Cuentas observa maniobras para fragmentar el presupuesto, los servicios básicos sufren un deterioro constante. La falta de insumos en dependencias operativas, la demora en el mantenimiento de calles y la falta de respuesta en infraestructura barrial demuestran que el desvío de los mecanismos administrativos ni siquiera se traduce en soluciones concretas para la comunidad.
2. Improvisación en el gasto público: El fraccionamiento de compras suele ocultar la ausencia de un plan de metas. Se compra "sobre la marcha", a precios no siempre competitivos y sin un control de gestión real. En un contexto económico donde cada peso municipal debe rendir al máximo, el desorden administrativo lo termina pagando el contribuyente a través de tasas elevadas y prestaciones deficientes.
3. Opacidad e institucionalidad debilitada: El ocultamiento de la compulsa pública vulnera el derecho de la ciudadanía a saber cómo, a quién y bajo qué condiciones se adjudica el dinero público. La falta de transparencia no solo acarrea apercibimientos y multas del órgano de control provincial, sino que carcome la legitimidad de la propia conducción política.
Administrar un municipio no es gestionar un presupuesto al margen de los marcos legales. La sanción del Tribunal de Cuentas no es un hecho aislado ni una "chicana de la oposición": es el dictamen técnico de un organismo de control que certifica cómo se manejaron las cuentas públicas durante el primer año de gestión.
Si el Ejecutivo municipal no corrige el rumbo, profesionaliza su Gabinete y ajusta sus procedimientos a la legalidad vigente, las deficiencias no se limitarán a los expedientes de La Plata; seguirán impactando, como hasta ahora, en la calidad de vida de cada vecino del partido de Patagones. Hay un dato , la oposición se limita por el momento a atacar.
*Miguel Angel Diaz - Analista - Político - Colaborador
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