El proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) envió al Congreso fija gastos de la Administración Nacional por $ 202,1 billones (casi USD 131 mil millones) y recursos por $ 202,35 billones, con un resultado financiero en equilibrio. El gasto total crece 3,4% en términos reales respecto del crédito vigente de 2026, calculado con la inflación promedio del 21,1% que prevé el Ministerio de Economía de la Nación.
Del lado de los ingresos, la meta exige un cambio de tendencia: el IVA debe crecer el 5,9% real, el impuesto a los créditos y débitos el 3,9% y la recaudación total el 5,6%, mientras que entre enero y agosto de 2026 esos mismos tributos vienen cayendo el 3%, el 9% y el 3,8%, respectivamente.
La presión tributaria sube del 21,06% al 21,70% del PBI, sin impuestos nuevos, impulsada por la actualización del impuesto a los combustibles, los anticipos de Ganancias y el comercio exterior, al mismo tiempo que bajan las contribuciones patronales, las retenciones y Bienes Personales.
La consistencia de los supuestos macroeconómicos es el primer punto a observar. El Gobierno nacional proyecta para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación del 18% de diciembre a diciembre y un dólar que cerrará el año en $ 1.847,6, con una suba del 15,5%, inferior a la de los precios. Esa combinación implica una apreciación real del peso por segundo año consecutivo, que el propio Mensaje estima en el 6,7% para 2026 y el 1,2% para 2027, y que se refleja en un superávit comercial que se reduce de USD 16.951 millones a USD 15.560 millones. El antecedente inmediato suma cautela: el Presupuesto 2026 se aprobó con una inflación prevista del 10,1% y un crecimiento del 5%, y el proyecto actual estima ahora para ese mismo año un 29% y un 3%.
El margen para absorber un desvío es acotado. En la Administración Nacional, el superávit primario de $ 15,36 billones supera a los intereses de la deuda, de $ 15,11 billones, por apenas $ 0,25 billones, el 1,6%. Como el artículo 1° del proyecto obliga a cerrar la ejecución con resultado equilibrado o superavitario, una recaudación por debajo de lo previsto se traduce en ajustes del gasto durante el año, que el PEN realiza con las facultades de reasignación que le otorga la ley, sin volver a pasar por el Congreso.
La distribución del gasto muestra ganadores y perdedores. De las 29 funciones que clasifica el presupuesto, 17 crecen en términos reales y 12 caen. Las mayores subas corresponden a Relaciones Interiores, que incluye $ 520.093 millones para organizar las elecciones de 2027, y a Salud (+15,4%), impulsada por la asistencia financiera al PAMI. Las mayores caídas respecto del Presupuesto 2026 se concentran en Energía y Combustibles (−16,8%), por la reducción de subsidios, e Inteligencia (−12,8%). El servicio de la deuda cae 4% real, porque la partida registra solo intereses y los de la deuda en pesos se capitalizan y se contabilizan al vencimiento.
La partida que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $ 5,6 a $ 14,8 billones, un aumento real del 116,9%. No se trata de un ministerio, sino de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda, que financia al PAMI, a las empresas ferroviarias y viales, a ENARSA y a otros entes. Más de la mitad de su crédito, $ 7,68 billones, figura como "otras asistencias financieras", sin beneficiario definido: incluye una reserva de $ 1,45 billones para salarios públicos y $ 5,31 billones de transferencias sociales cuyo destino se define durante la ejecución.
Provincias
La relación fiscal con las provincias cambia de composición. Si se cumple la recaudación prevista, la coparticipación crece 7% real y alcanza $ 103,7 billones. Las transferencias que dependen del presupuesto nacional, en cambio, caen 2,1% real, y las destinadas a obras, 20,1%. Por cada $ 100 que las provincias reciben en forma automática, reciben $ 2,50 por transferencias presupuestarias. En paralelo, de una cartera de 2.339 obras nacionales, 1.683 fueron dadas de baja o están en rescisión y 457 pasaron a provincias y municipios, que asumen su financiamiento.
Dato contra titular
Varias cifras que circulan en el debate público cambian cuando se verifican contra la fuente oficial. La Secretaría de Inteligencia, a la que se atribuyó un aumento del 87%, crece 2,6% nominal y cae 15,3% real contra el crédito vigente de 2026. La inflación prevista para 2027 es de 18% de diciembre a diciembre, pero el promedio anual, que es el que corresponde para evaluar partidas presupuestarias, es de 21,1%. Con ese deflactor, el gasto total crece 3,4% real y no 5,7%, y los recursos caen 10,1% real, pero la caída se explica por ingresos por única vez de 2026: sin ellos, crecen 4,1%.
Lo que deja el proyecto es un presupuesto que consolida el equilibrio fiscal y la desinflación, pero cuyo cumplimiento depende de variables que hoy no muestran la dirección requerida. La recaudación debe revertir su caída, el crecimiento debe acelerarse de 3% a 4% y el atraso cambiario no debe erosionar el superávit comercial. Con un margen fiscal de 1,6% y una regla que traslada cualquier desvío al gasto, el debate legislativo que comienza el 7 de octubre no se definirá solo por los montos que se aprueben, sino por la solidez de los supuestos sobre los que se construyen.
Escenarios de riesgo
El principal hallazgo del análisis es que el Presupuesto 2027 fue construido con un margen de error extraordinariamente reducido. En la Administración Nacional, el superávit primario supera a los intereses de la deuda por apenas $ 0,25 billones, equivalente al 1,6%, por lo que un desvío relativamente pequeño en la recaudación o un aumento del gasto alcanza para consumir todo el colchón fiscal. Solo un dólar 10% por encima del valor previsto encarecería los intereses de la deuda en moneda extranjera en alrededor de $ 1,7 billones, es decir, casi siete veces ese margen. A la vez, el mercado ya proyecta para fines de 2027 un tipo de cambio de $ 2.015, frente a los $ 1.847,6 contemplados por el Gobierno, y una inflación de 20,5%, por encima del 18% oficial.
Sobre esa base se superponen otros factores de riesgo que podrían tensionar la ejecución del presupuesto. La demanda de dólares por parte de personas humanas ya absorbía en septiembre alrededor del 90% de las divisas liquidadas por el agro, mientras que el Tesoro prevé obtener unos USD 21.100 millones para afrontar sus compromisos financieros durante 2027. Al mismo tiempo, el presupuesto descansa en refinanciar deuda en pesos por el 110% de los vencimientos y en una recuperación de la actividad que permita revertir una recaudación que hasta agosto acumulaba una caída real del 3,8%. En conjunto, el estudio concluye que el verdadero desafío no será aprobar el Presupuesto 2027, sino atravesar un año electoral sin que alguno de estos factores obligue a modificarlo sobre la marcha.
Sobre el estudio
El análisis se basa en el expediente oficial del Proyecto de Presupuesto 2027 remitido al Congreso de la Nación el 15 de septiembre de 2026: el Mensaje, el Proyecto de Ley, las Planillas Anexas, los tomos de Jurisdicciones y Entidades y los Cuadros Comparativos. Las comparaciones se realizan contra el crédito vigente 2026 y las variaciones reales se calculan con la inflación promedio de 21,1% informada por el Ministerio de Economía. Los datos de ejecución 2026 provienen de ARCA, IARAF, el IIEP y la Oficina de Presupuesto del Congreso. Las estimaciones propias se identifican como tales en el informe completo.
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