La precarización laboral y el deterioro de los ingresos profundizan las desigualdades entre los trabajadores argentinos. Según un relevamiento del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), vinculado al CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), cerca de seis millones de personas trabajan sin las protecciones asociadas a la seguridad social, mientras que las diferencias salariales respecto de quienes cuentan con esos derechos alcanzan hasta el 61%.
Los datos muestran que el 45,6% de los trabajadores se encuentra en situación de desprotección laboral, una problemática que atraviesa distintas actividades económicas. Entre los asalariados del sector privado, el porcentaje llega al 46,2%, mientras que entre los empleados públicos se ubica en el 11,1%. La situación más crítica se registra entre los cuentapropistas, donde el 66,6% carece de cobertura.
En términos absolutos, de un universo aproximado de 12,8 millones de trabajadores contemplados en el relevamiento, alrededor de seis millones no cuentan con protección laboral. El sector privado concentra unos 3,6 millones de asalariados en esa situación, lo que expone la magnitud del problema dentro del mercado de trabajo.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la desigualdad de ingresos entre quienes tienen empleos protegidos y aquellos que trabajan sin garantías laborales. Las diferencias alcanzan el 61% entre los cuentapropistas, el 50,7% entre los asalariados públicos y el 48,7% entre los trabajadores privados.
Lejos de explicarse por una menor carga horaria, estas brechas están vinculadas principalmente con las condiciones de contratación y las remuneraciones percibidas. En el sector privado, los trabajadores protegidos cumplen un promedio de 42,5 horas semanales, frente a las 39,3 horas de quienes no cuentan con protección. Entre los cuentapropistas, las jornadas son de 44,6 y 42,9 horas, respectivamente.
De esta manera, trabajar prácticamente la misma cantidad de horas no garantiza ingresos similares, ya que quienes se encuentran en condiciones más precarias reciben remuneraciones considerablemente inferiores por su trabajo.
Las investigadoras Sonia Balza y María Inés Fernández Álvarez señalaron que, entre los asalariados, estas diferencias están relacionadas principalmente con el nivel de regulación de las relaciones laborales. En el caso de los cuentapropistas, inciden las desigualdades en la capacidad de generar ingresos y sostener aportes previsionales.
El pluriempleo crece y cada vez más trabajadores necesitan dos ocupaciones
El deterioro de los ingresos también se refleja en el crecimiento del pluriempleo, una modalidad que implica desempeñar dos o más trabajos de manera simultánea. Según un informe de la consultora C-P, el 11,5% de los ocupados tenía más de un empleo en 2025, el nivel más alto de la serie histórica, compartido con 2024.
El indicador muestra un incremento respecto de 2017, cuando alcanzaba al 8,7% de los trabajadores. La expansión está impulsada especialmente por los sectores de menores ingresos, que encuentran en una segunda ocupación una alternativa para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Del total de personas con múltiples empleos, el 63% son jefes de hogar y el 56% son mujeres. Además, el 64% trabaja en relación de dependencia, con una participación importante de empleados del sector público.
El relevamiento también advierte sobre la extensión de las jornadas laborales. Mientras que quienes tienen una sola ocupación trabajan en promedio 37,5 horas semanales, los pluriempleados alcanzan las 43 horas. Sin embargo, dentro del denominado pluriempleo emergente, vinculado entre otros factores con la necesidad de complementar ingresos, el 56% supera las 45 horas semanales y el 22% trabaja más de 60 horas.
Los resultados exponen una problemática que va más allá de la cantidad de puestos de trabajo disponibles. La falta de protección social, las diferencias de ingresos y la necesidad de acumular empleos reflejan el deterioro de las condiciones laborales, en un escenario en el que tener trabajo ya no garantiza ingresos suficientes ni acceso a derechos básicos.
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