La situación en las fábricas atraviesa un punto crítico tras casi tres años de políticas de ajuste fiscal, desregulación y apertura de importaciones. De acuerdo con el último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026 se contabilizaron al menos 953 coflictos laborales de relevancia pública en todo el territorio nacional, abarcando tanto al ámbito privado como al estatal. Los episodios, que comenzaron en el primer tramo de gobierno con despidos y suspensiones, tuvieron una disparada desde las últimas elecciones de medio término y cada vez son más los casos de cierres y quiebras de empresas industriales
El estudio, elaborado a partir del monitoreo sistemático de portales gremiales y medios de comunicación, expone que el deterioro del mercado interno y la pérdida del poder adquisitivo impactaron de lleno en el empleo registrado, que sufrió una merma de 437.611 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) citadas en el documento.
La industria y las pymes, en el ojo de la tormenta de las políticas de Milei
El análisis sectorial revela que la actividad manufacturera concentra la enorme mayoría de las tensiones: el 65,3% de los conflictos relevados ocurrieron en la industria. Dentro de este universo, las ramas más castigadas por el ingreso de productos importados y el desplome de la demanda son la textil, la alimenticia, la metalúrgica y la siderúrgica.
En un segundo escalón aparece el sector de servicios con el 15,9% de los casos, afectando áreas como gastronomía, hotelería, transporte, sanidad, prensa y actividad financiera, seguido por el comercio (8,4%, con fuerte incidencia en supermercados), el sector primario (7,9%, liderado por hidrocarburos, pesca y minería) y la construcción (2,5%).
Al observar el entramado empresarial, las pequeñas y medianas empresas, principal motor de generación de empleo en el país, encabezan el ranking de afectación con el 41% de los casos. Detrás se ubican los conglomerados extranjeros (23,5%), que en muchos casos optaron por reemplazar producción local por importaciones, las grandes empresas (21,8%), los grandes grupos económicos (9,7%) y las firmas estatales (4%). Asimismo, el informe subraya que el 74,2% de las compañías involucradas en conflictos son de capitales nacionales.
De los despidos al cierre definitivo: el salto en 2026
Uno de los datos más alarmantes del informe para las organizaciones sindicales es el cambio cualitativo y cuantitativo en la dinámica de las crisis empresarias. Tras los comicios legislativos de octubre de 2025, el ritmo de conflictos pegó un salto: pasó de un promedio de 25 casos mensuales (entre enero de 2024 y octubre de 2025) a 33 episodios por mes en el último año.
Mientras que en el inicio de la gestión de Javier Milei predominaban los despidos (que representan el 53,7% del total acumulado) y las suspensiones (9,1%), durante 2026 se aceleraron los desenlaces terminales. Los cierres de plantas, quiebras y concursos preventivos pasaron de explicar apenas el 6,2% de los conflictos en 2024 al 17,6% en 2025, escalando hasta el 39,9% en lo que va de 2026. Si se observa únicamente el segundo semestre del año en curso, el 56,5% de los conflictos registrados corresponden a cierres, quiebras o convocatorias de acreedores.
Desde el CEPA advierten sobre una «trayectoria» de deterioro progresivo: al menos 46 firmas que comenzaron el período aplicando suspensiones o recortes de personal terminaron bajando sus persianas o presentando quiebra meses después, dejando en numerosos casos salarios e indemnizaciones sin abonar.
Mapa federal y casos emblemáticos
A nivel territorial, la región centro concentra el 54,8% de la conflictividad laboral, impulsada por la provincia de Buenos Aires (27,9%), Santa Fe (10,4%), Córdoba (6,9%), la Ciudad de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,9%). Además, el impacto se siente con fuerza en las economías regionales, destacándose los altos índices de conflicto en La Rioja (6,8%, cuarta jurisdicción más afectada), Tierra del Fuego (4,7%), San Juan (3,3%) y Tucumán (3%).
El relevamiento enumera una serie de casos testigo que ilustran la parálisis productiva en rubros estratégicos:
Calzado y textil: La firma Dass cerró en julio de 2026 su planta de Eldorado (Misiones) tras sucesivas tandas de despidos y retiros voluntarios; en paralelo, se registraron la quiebra de Algodonera Avellaneda y suspensiones masivas para 1.200 operarios de Topper en Tucumán.
Electrónica y línea blanca: Electrolux puso fin a la fabricación de heladeras en Rosario (Santa Fe) en septiembre de 2026 para dedicarse exclusivamente a la comercialización de bienes importados, escenario similar al cierre fabril de Peabody y los recortes en BGH en Tierra del Fuego.
Alimenticia y agroindustria: SanCor fue declarada en quiebra en abril de 2026 afectando a 917 trabajadores; Granja Tres Arroyos entró en concurso preventivo en septiembre tras cerrar su planta en Concepción del Uruguay y desvincular a más de mil empleados; y la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor solicitó su concurso en noviembre luego de meses de atrasos salariales.
Comercio y metalurgia: La cadena Musimundo (Carsa) decretó su quiebra en septiembre tras cerrar decenas de sucursales en el norte del país, mientras que en el rubro metalúrgico y autopartista se destacaron el cierre con deudas de Unionbat en Gualeguaychú, el concurso de la proveedora CAMSA y las paradas de producción en plantas como Acindar y Stellantis.
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